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| Artículo | Título | Resumen | Estado | Eje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Propósito | Sin indicadores específicos del Comité; orientadores | Yellow | Transversal |
| 2 | Definiciones | Uso normativo adecuado, pero persisten prácticas capacitistas | Yellow | Transversal |
| 3 | Principios generales | Principios adoptados, implementación limitada | Yellow | Transversal |
| 4 | Obligaciones generales | Falta coordinación estatal y consulta efectiva | Red | Transversal |
| 5 | Igualdad y no discriminación | Normas fuertes; discriminación estructural persiste | Yellow | Transversal |
| 6 | Mujeres con discapacidad | Invisibilidad estadística y baja participación | Red | Transversal |
| 7 | Niños y niñas con discapacidad | Desescolarización, falta de apoyos y riesgo de institucionalización | Red | Educacion |
| 8 | Toma de conciencia | Campañas parciales; estereotipos persistentes | Red | Transversal |
| 9 | Accesibilidad | Barreras generalizadas en infraestructura, TIC y transporte | Red | Turismo |
| 10 | Derecho a la vida | Riesgos elevados para víctimas e institucionalizados | Red | Transversal |
| 11 | Situaciones de riesgo | Ausencia de medidas diferenciadas en emergencias | Red | Transversal |
| 12 | Capacidad jurídica | Ley 1996 fuerte, implementación baja | Yellow | Transversal |
| 13 | Acceso a la justicia | Barreras procesales y falta de ajustes | Red | Transversal |
| 14 | Libertad y seguridad | Internamientos prolongados y garantías limitadas | Red | Vida independiente |
| 15 | Tortura | Alto riesgo por falta de monitoreo independiente | Red | Transversal |
| 16 | Violencia y abuso | Violencias documentadas y ausencia de rutas accesibles | Red | Transversal |
| 17 | Integridad personal | Prácticas médicas sin apoyos; decisiones sustituidas | Red | Transversal |
| 18 | Desplazamiento y nacionalidad | Barreras de movilidad afectan el acceso a servicios | Red | Victimas |
| 19 | Vida independiente | Sin política nacional de apoyos comunitarios | Red | Vida independiente |
| 20 | Movilidad personal | Avances puntuales; sistema insuficiente | Yellow | Vida independiente |
| 21 | Información y expresión | Información electoral y turística no accesible | Red | Participacion |
| 22 | Privacidad | Riesgos en protección de datos | Yellow | Transversal |
| 23 | Hogar y familia | Institucionalización por pobreza; falta de apoyos | Red | Transversal |
| 24 | Educación | Continuidad, calidad y apoyos críticos | Yellow | Educacion |
| 25 | Salud | Brechas graves en acceso y continuidad | Red | Victimas |
| 26 | Habilitación y rehabilitación | Servicios fragmentados | Red | Victimas |
| 27 | Trabajo y empleo | Brecha laboral profunda | Red | Victimas |
| 28 | Nivel de vida | Pobreza elevada; falta de apoyos diferenciales | Red | Victimas |
| 29 | Participación política | Barreras estructurales y baja representación | Red | Participacion |
| 30 | Vida cultural y deporte | Crítico en víctimas; avances insuficientes | Red | Turismo |
| 31 | Datos y estadísticas | Subregistro y falta de interoperabilidad | Red | Participacion |
| 32 | Cooperación internacional | Cooperación limitada | Yellow | Transversal |
| 33 | Implementación y monitoreo | Coordinación estatal débil; participación no vinculante | Red | Participacion |
| No. | Acción propuesta (formulación técnica) | Acciones desagregadas / descripción operativa ampliada | Brecha o emergencia que aborda | Base de evidencia y potencias existentes | Actores responsables sugeridos | Estado de seguimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crear un Sistema Nacional de Transición Educativa–Laboral Inclusiva para asegurar continuidad entre educación básica, media, superior y empleo. | Diseñar un modelo nacional articulado entre MEN–SENA–IES que establezca rutas claras desde grado 9° hasta la inserción laboral; asignar tutores disciplinares, intérpretes, mediadores y profesionales psicosociales; establecer convenios con empleadores públicos para prácticas profesionales con ajustes razonables garantizados. | Desarticulación entre niveles; baja continuidad hacia educación superior y empleo; solo 17/100 jóvenes con discapacidad acceden a ES. | MEN, SENA, MinTrabajo, IES, ETC. | No iniciado | |
| 2 | Adoptar un estándar nacional obligatorio de accesibilidad digital educativa para garantizar que plataformas y contenidos sean utilizables por estudiantes con diferentes tipos de discapacidad. | Definir un estándar nacional basado en WCAG aplicable a plataformas, aulas virtuales, evaluaciones y recursos pedagógicos; exigir diagnósticos obligatorios de accesibilidad digital en ETC e IES; incorporar requisitos de accesibilidad en compras y contratación pública de software educativo. | Brecha digital, plataformas inaccesibles, desigualdad en uso de tecnologías. | MEN, MINTIC, IES, ETC. | No iniciado | |
| 3 | Crear un Fondo Nacional de Conectividad Accesible para asegurar acceso a Internet y tecnologías de asistencia en hogares con discapacidad. | Financiar conectividad estable para hogares con estudiantes con discapacidad; distribuir dispositivos con software accesible (lectores de pantalla, ampliadores, apoyos cognitivos); priorizar municipios dispersos y hogares con pobreza multidimensional. | Brecha de acceso tecnológico y conectividad; ruralidad excluida. | MINTIC, MEN, DNP, ETC. | No iniciado | |
| 4 | Consolidar un Sistema Nacional de PIAR y Ajustes Razonables con monitoreo verificable y articulado al RLCPD. | Crear una plataforma unificada para elaborar, registrar y actualizar PIAR, permitiendo seguimiento territorial y nacional; integrar el PIAR con la certificación RLCPD para asegurar coherencia entre perfil funcional y apoyos requeridos; establecer alertas tempranas para prevenir exclusión o deserción. | Fallas sistemáticas en PIAR; exclusiones por omisión; respuestas disciplinarias. | MEN, ETC, instituciones educativas. | No iniciado | |
| 5 | Implementar protocolos obligatorios para prevenir la exclusión disciplinaria basada en discapacidad, garantizando ajustes antes de cualquier medida sancionatoria. | Emitir lineamientos pedagógicos vinculantes para el manejo de comportamientos asociados a discapacidad; formar equipos directivos en prácticas no punitivas con enfoque de apoyo; vigilar uso indebido de manuales de convivencia mediante auditorías territoriales. | Sanciones indebidas; falta de apoyos conductuales; discriminación por omisión. | MEN, ETC, instituciones educativas. | No iniciado | |
| 6 | Reorientar progresivamente la oferta segregada hacia modelos inclusivos, garantizando acompañamiento técnico sostenido. | Mapear aulas y servicios segregados existentes; diseñar planes de reconversión pedagógica, institucional y presupuestal; asegurar acompañamiento permanente por equipos técnicos durante la transición. | Persistencia de aulas segregadas; trayectorias educativas fragmentadas. | MEN, Secretarías de Educación, ETC. | No iniciado | |
| 7 | Consolidar un Sistema de Accesibilidad Universal en Infraestructura Educativa con estándares mínimos obligatorios. | Definir estándares físicos verificables (rampas, baños accesibles, señalética, movilidad interna); establecer líneas de inversión prioritaria para sedes rurales dispersas y municipios no certificados; realizar auditorías territoriales anuales con seguimiento público. | Barreras físicas persistentes; ruralidad con mayor exclusión. | MEN, DNP, ETC, entidades territoriales. | No iniciado | |
| 8 | Fortalecer la formación docente obligatoria en educación inclusiva como componente continuo de la práctica profesional. | Crear módulos obligatorios sobre DUA, accesibilidad cognitiva, comunicacional y digital; incorporar formación sobre ajustes razonables y evaluación adaptada; integrar contenidos de discapacidad en programas iniciales de formación docente. | Insuficiente formación docente; desconocimiento de ajustes razonables y DUA. | MEN, ESAP, CNSC, IES. | No iniciado | |
| 9 | Dotar a las ETC de equipos interdisciplinarios permanentes que garanticen apoyos especializados. | Crear cargos de profesionales de apoyo (intérpretes, terapeutas ocupacionales, psicólogos, orientadores); establecer atención intersectorial en casos complejos; garantizar cobertura en zonas rurales y rurales dispersas. | ETC con capacidades desiguales; falta de apoyos continuos. | MEN, ETC, DNP. | No iniciado | |
| 10 | Incorporar un indicador presupuestal obligatorio que diferencie inversión inclusiva vs. segregada. | Establecer metodologías para identificar gasto específico en apoyos y accesibilidad; crear reportes trimestrales que permitan seguimiento público; integrar el indicador a sistemas de monitoreo del SND. | Falta de trazabilidad del gasto; coexistencia de modelos segregados. | MHCP, DNP, MEN. | No iniciado | |
| 11 | Fortalecer los sistemas de información educativa con desagregación obligatoria por discapacidad, género y territorio. | Integrar variables en SIMAT, SPADIES, SNIES, ICFES; incorporar alertas de riesgo de desescolarización; vincular datos educativos con información del RLCPD. | Falta de datos; imposibilidad de medir resultados. | MEN, DANE, ICFES, DNP. | No iniciado | |
| 12 | Implementar acciones afirmativas sostenidas en educación superior para reducir barreras de acceso y permanencia. | Crear cupos especiales con enfoque territorial; financiar transporte accesible y apoyos económicos; fortalecer sistemas de accesibilidad comunicacional en IES. | Acceso desigual; menor permanencia y graduación. | MEN, IES, SENA. | No iniciado | |
| 13 | Crear un Esquema Plurianual de Financiación Inclusiva para asegurar sostenibilidad en apoyos, accesibilidad y formación. | Estimar costos reales de implementación de apoyos y accesibilidad; incluir metas inclusivas en planes financieros territoriales; priorizar inversión en municipios con baja capacidad fiscal. | Sostenibilidad financiera limitada; esfuerzos fragmentados. | MHCP, DNP, MEN, ETC. | No iniciado | |
| 14 | Implementar Planes Territoriales de Inclusión Educativa Diferenciados, según brechas y capacidades locales. | Clasificar ETC por nivel de desarrollo institucional; definir metas territoriales específicas; acompañamiento intensivo a municipios no certificados. | Desigualdades urbano–rurales; capacidades heterogéneas. | MEN, gobernaciones, alcaldías. | No iniciado | |
| 15 | Crear Programas Integrales de Transición en Educación Superior que articulen formación académica, apoyos y empleabilidad. | Mentorías especializadas; prácticas y pasantías accesibles; fortalecimiento de habilidades laborales; coordinación con agencias de empleo y sector público. | Baja culminación de ES; débil transición al empleo. | MEN, IES, MinTrabajo, SENA. | No iniciado | |
| 1 | Implementar un Modelo Nacional Integrado de Atención, Rehabilitación y Acompañamiento para víctimas del conflicto armado con discapacidad. | - Unificar PAPSIVI, PSD-D, Ruta MAP-MUSE y componentes de JICA en un esquema único. - Garantizar apoyos continuos: terapias, ayudas técnicas, transporte accesible y rehabilitación psicosocial. - Priorizar zonas con minas antipersonal, desplazamiento masivo y confinamiento. | Fragmentación entre salud–rehabilitación–reparación; falta de continuidad terapéutica; alta desigualdad territorial. | Proyecto JICA; PSD-D; Ruta MAP-MUSE; PAPSIVI. | MinSalud; Unidad para las Víctimas; EPS; gobernaciones y alcaldías; cooperación internacional. | No iniciado |
| 2 | Asegurar accesibilidad y ajustes razonables en todas las etapas del SIVJRNR. | - Aplicación obligatoria de lineamientos de discapacidad en JEP y MinJusticia. - Adecuación de formatos, intérpretes, apoyos de comprensión y asistencia psicosocial. - Mecanismos de denuncia accesibles en zonas rurales y urbanas. | Barreras físicas, comunicativas y actitudinales en acceso a justicia y participación. | Lineamientos JEP; Lineamientos MinJusticia; Enfoque Discapacidad de la CEV. | JEP; MinJusticia; Defensoría; Unidad para las Víctimas; entes territoriales. | No iniciado |
| 3 | Consolidar un Sistema Unificado de Información sobre víctimas del conflicto armado con discapacidad. | - Integración operativa RUV–RLCPD. - Incluir variables de discapacidad adquirida por hechos violentos. - Diseñar indicadores y tableros de seguimiento accesibles. | Subregistro; invisibilidad estadística; falta de información interseccional. | RUV; RLCPD; aprendizajes del Proyecto JICA en gestión de casos. | DANE; Unidad para las Víctimas; MinSalud; Mecanismo de Seguimiento; entidades territoriales. | No iniciado |
| 4 | Implementar una Ruta Nacional de Protección para mujeres con discapacidad víctimas de violencias en entornos de conflicto. | - Adaptar y territorializar la ruta del MinJusticia. - Servicios accesibles de denuncia, salud, exámenes forenses y acompañamiento psicosocial. - Articular refugios accesibles y programas de autonomía económica. | Violencia sexual y basada en género sin enfoque de discapacidad; ausencia de refugios accesibles; exposición a riesgos armados. | Ruta MinJusticia; PSD-D; hallazgos de la CEV sobre violencias contra mujeres con discapacidad. | MinJusticia; ICBF; Fiscalía; Comisarías; gobernaciones; OPD de mujeres. | No iniciado |
| 5 | Ampliar la accesibilidad informacional y digital para víctimas con discapacidad en todos los servicios del Estado. | - Lectura fácil, LSCol, accesibilidad cognitiva y estándares WCAG 2.1. - Garantizar accesibilidad en jornadas móviles y sistemas de atención. | Barreras informativas; inaccesibilidad digital; baja comprensión de procesos de reparación. | Especial Discapacidad 2025; declaración de accesibilidad web; estrategias móviles MinJusticia. | Unidad para las Víctimas; MinTIC; MinJusticia; entes territoriales. | No iniciado |
| 6 | Desarrollar un Programa Integral de Reparación con Enfoque de Discapacidad. | - Profundizar la indemnización prioritaria. - Incluir apoyos económicos diferenciales. - Fortalecer acompañamiento psicosocial especializado. - Incorporar medidas colectivas en territorios étnicos. | Reparación insuficiente; medidas económicas sin apoyos continuos; ausencia de enfoque de discapacidad adquirida. | Prioridad de indemnización; PAPSIVI; JICA; aportes de la CEV. | Unidad para las Víctimas; MinSalud; MinInterior; autoridades étnicas; OPD. | No iniciado |
| 7 | Crear un esquema de apoyos para retorno, reubicación y vida independiente de víctimas del conflicto con discapacidad. | - Adaptar vivienda, transporte y entornos comunitarios. - Articular apoyos personales, asistencia para cuidado y ayudas técnicas. - Priorizar comunidades afectadas por MAP/MUSE o confinamiento. | Imposibilidad de retorno seguro; dependencia institucional; falta de apoyos para vida independiente. | PSD-D; Ruta MAP-MUSE; análisis sobre riesgos persistentes de la CEV. | MinVivienda; MinSalud; Unidad para las Víctimas; gobiernos locales. | No iniciado |
| 8 | Fortalecer capacidades técnicas sobre discapacidad, conflicto y trauma para operadores estatales. | - Formación en CDPD, enfoque diferencial y discapacidad adquirida. - Articulación con cooperación internacional (modelo JICA). - Formación para equipos móviles, comisarías y operadores de justicia. | Barreras actitudinales; desconocimiento institucional; falta de capacidades interculturales. | Formación del talento humano del Proyecto JICA; materiales de AVD; lineamientos MinJusticia. | ENAP; MinJusticia; MinSalud; Rama Judicial; cooperación internacional. | No iniciado |
| 9 | Desarrollar un sistema accesible de evaluación de riesgos y alertas tempranas para personas con discapacidad en zonas de conflicto. | - Adaptar el análisis de riesgo a discapacidad. - Prever modalidades accesibles de reporte y respuesta rápida. - Vincular desminado humanitario con prevención de discapacidad. | Riesgos de violencia, confinamiento, minas, reclutamiento y violencia sexual; falta de protocolos accesibles. | Estudios de desminado (Vivas-Barrera); Ruta MAP-MUSE; acciones de MOSODIC. | Defensoría del Pueblo; MinDefensa; Unidad de Víctimas; Descontamina Colombia; autoridades locales. | No iniciado |
| 10 | Fortalecer el Mecanismo Independiente de Seguimiento a la CDPD con mandato específico sobre conflicto armado y emergencias humanitarias. | - Incorporar el Art. 11 como eje operativo permanente. - Desarrollar módulo de seguimiento para víctimas con discapacidad basado en indicadores ONU. - Articular sistema de información con RUV y RLCPD. - Garantizar participación de OPD y organizaciones territoriales. | Ausencia de monitoreo independiente sostenido sobre esta población; débil articulación CDPD–política de víctimas; falta de seguimiento a riesgos y emergencias. | Observaciones de la Coalición CDPD; legado de la CEV; lineamientos JEP y MinJusticia; aprendizajes JICA y PSD-D. | Mecanismo Independiente de Seguimiento; Procuraduría; Defensoría; OPD; Unidad para las Víctimas; entidades territoriales. | No iniciado |
| 1 | Implementar un Programa Nacional de Accesibilidad Electoral Total (PNAT-E) | Producción obligatoria y suficiente de tarjetones braille.; Adecuación universal de puestos y cubículos accesibles.; Desarrollo de formatos de lectura fácil y apoyos cognitivos.; Sistemas de información electoral accesible en LSC, braille y formatos digitales accesibles.; Protocolo de ajustes razonables para órganos electorales. | Déficits críticos de accesibilidad: tarjetones insuficientes, cubículos no adaptados, ausencia de información accesible. | MOE (2023) documenta déficits de 30–40 % en accesibilidad electoral y ausencia de materiales accesibles. | Registraduría Nacional del Estado Civil, CNE, MinTIC, MinInterior, MinIgualdad | No iniciado |
| 2 | Crear un Sistema Nacional de Datos sobre Participación Política de Personas con Discapacidad (SIND-PcD) | Registro desagregado de votantes, jurados, candidaturas y cargos electos.; Integración de bases RNEC–DANE–SND.; Publicación anual abierta con estándares accesibles.; Incorporación de variables de discapacidad en el Sistema Nacional de Participación Ciudadana. | Ausencia absoluta de datos oficiales (Art. 31 CDPD) y necesidad de indicadores verificables. | MOE identifica que no existen cifras oficiales; el DNP confirma ausencia de datos robustos (2025). | DANE, Registraduría, Observatorio de Participación Ciudadana, MIS-CDPD | No iniciado |
| 3 | Establecer un Programa Nacional de Liderazgo Político Accesible para Personas con Discapacidad | Formación política accesible (LSC, braille, lectura fácil).; Mentorías con organizaciones con trayectoria.; Becas para participación en escuelas de liderazgo.; Módulos especializados para mujeres, jóvenes, personas sordociegas y rurales. | Carencia de formación política accesible y ausencia de programas estables (Art. 24 CDPD). | Orientaciones territoriales (2024) recomiendan fortalecer formación ciudadana accesible. | MinEducación, ESAP, MinIgualdad, SND, organizaciones de PcD | No iniciado |
| 4 | Crear una cuota mínima de candidaturas de personas con discapacidad en listas de corporaciones públicas | Ajuste normativo para obligatoriedad progresiva.; Incentivos financieros a partidos que cumplan.; Monitoreo público de cumplimiento. | Subrepresentación extrema en listas y cargos (Art. 29 CDPD). | MOE evidencia presencia casi nula de PcD en listas; DNP reporta ausencia de medidas afirmativas. | Congreso, CNE, Partidos Políticos, MinInterior | No iniciado |
| 5 | Fortalecer la reforma del CND garantizando representatividad diversa y accesibilidad plena | Implementación participativa de la Resolución 1247 de 2025.; Seguimiento independiente desde MIS-CDPD.; Reglas para garantizar representación de personas sordociegas, intelectuales, psicosociales y rurales.; Publicación obligatoria de actas y decisiones. | Funcionamiento irregular del CND, falta de transparencia y riesgo de exclusión de grupos específicos. | DNP (2025) evidencia debilidad estructural del SND; MinIgualdad actualiza el mecanismo de selección 2025. | MinIgualdad, SND, CND, MIS-CDPD | No iniciado |
| 6 | Crear un Fondo Nacional para el Fortalecimiento de Organizaciones de Personas con Discapacidad (FON-OPD) | Apoyos económicos para incidencia, transparencia, movilización y formación.; Líneas especiales para OPD rurales e interculturales.; Convocatorias anuales con criterios de accesibilidad. | Desigualdad entre organizaciones: concentración urbana, baja sostenibilidad territorial. | Mapeo Disca evidencia brechas territoriales profundas (PAIIS, 2025). | MinIgualdad, DNP, cooperación internacional, gobernaciones | No iniciado |
| 7 | Garantizar ajustes razonables en todos los espacios formales del Sistema Nacional de Participación Ciudadana (SNPC) | Lineamientos obligatorios para consejos, mesas y comités.; Intérpretes LSC, accesibilidad cognitiva, accesibilidad digital.; Protocolos de participación apoyada.; Verificación semestral desde MIS-CDPD. | Ajustes inestables en mesas sectoriales; participación consultiva sin apoyos suficientes. | Seguimiento en diálogos ciudadanos (2023–2024) muestra accesibilidad inconsistente. | SNPC, MinInterior, MinIgualdad, entidades sectoriales | No iniciado |
| 8 | Implementar un Sistema de Apoyos para Participación Política de Personas con Discapacidad Intelectual y Psicosocial | Facilitación cognitiva.; Materiales en lectura fácil para campañas electorales.; Acompañamiento para comprensión de programas y voto informado.; Capacitación a jurados y autoridades. | Ausencia total de apoyos para decisiones políticas informadas (Art. 12 CDPD). | Informes sobre ajustes razonables (2023–2024) identifican esta ausencia absoluta. | MinEducación, Registraduría, CNE, MinSalud, SND | No iniciado |
| 9 | Establecer lineamientos de accesibilidad digital electoral obligatorios | Sitios web accesibles según WCAG 2.1 AA.; Simuladores de votación accesibles.; Accesibilidad en inscripción de candidaturas.; Revisión anual independiente. | Barreras digitales para PcD visual, auditiva y cognitiva. | MOE evidencia inaccesibilidad en plataformas de RNEC y materiales digitales (2023). | Registraduría, MinTIC, CNE | No iniciado |
| 10 | Crear un Protocolo Nacional de Información Electoral Accesible | Producción de información en LSC, braille, lectura fácil y formatos digitales accesibles.; Distribución territorial con apoyos de OPD. | Deficiencia grave en acceso a información política (Art. 21 CDPD). | MOE documenta ausencia de información accesible en campañas (2023). | Registraduría, CNE, MinTIC, MinIgualdad | No iniciado |
| 11 | Garantizar transporte, intérpretes y apoyos logísticos para participación en CND, comités y mesas territoriales | Líneas presupuestales específicas.; Prioridad para PcD rurales, mujeres e indígenas.; Reporte anual público. | Inexistencia de apoyos logísticos; único comité con transporte reportado (DNP 2025). | DNP, seguimiento al SND y comités territoriales 2025. | MinIgualdad, gobernaciones, alcaldías | No iniciado |
| 12 | Consolidar la presencia activa del MIS-CDPD como órgano de supervisión y alerta temprana en participación política | Mandato explícito de monitoreo electoral accesible.; Informes anuales con recomendaciones estructurales.; Canal de quejas accesible.; Integración al SIND-PcD. | Necesidad de vigilancia independiente continua (art. 33 CDPD). | Documentos sobre mecanismo de seguimiento nacional y su rol en 2024–2025. | MIS-CDPD, MinIgualdad, Congreso | No iniciado |
| 13 | Incorporar accesibilidad y enfoque de discapacidad en planes de participación territorial 2024–2027 | Ajustes obligatorios en Consejos de Planeación, Mesas de víctimas, Consejos de paz y juventud.; Indicadores verificables en los planes de desarrollo. | Accesibilidad y participación incierta en SNPC; brechas territoriales. | Orientaciones para inclusión (2024). | Alcaldías, gobernaciones, MinInterior | No iniciado |
| 14 | Crear un Observatorio de Accesibilidad Electoral en alianza Estado–Academia–OPD | Evaluación independiente de cada jornada electoral.; Mapas territoriales de accesibilidad.; Alertas públicas y recomendaciones. | Falta de monitoreo permanente e independiente. | MOE y MIS-CDPD señalan necesidad de monitoreo permanente. | MIS-CDPD, universidades, Registraduría, OPD | No iniciado |
| 15 | Diseñar un protocolo de participación con enfoque de género y discapacidad | Medidas específicas para liderazgo de mujeres con discapacidad.; Prevención de violencias políticas de género.; Formación y financiamiento dirigido. | Exclusión crítica de mujeres con discapacidad (Art. 6 CDPD). | Borrador CONPES evidencia brecha agravada (2025). | MinIgualdad, Consejerías de Mujer, partidos políticos | No iniciado |
| 1 | Crear el Sistema Distrital y Nacional de Información en Turismo Accesible (SDNITA) | Consolidar inventario público de infraestructura accesible (museos, playas, parques, rutas).; Incorporar fichas técnicas verificables por PcD.; Integrar catastro digital accesible en formatos multisensoriales (braille descargable, LSC, lectura fácil).; Actualización semestral con auditoría del MIS-CDPD. | Ausencia total de datos oficiales sobre accesibilidad turística. | Solicitud formal del MIS-CDPD por carencia de información (Anexo 9). | MinComercio, Viceministerio de Turismo, IDT, Alcaldías, Observatorios de Turismo, MIS-CDPD. | No iniciado |
| 2 | Implementar el Inventario Distrital de Infraestructura Accesible según Acuerdo 894 de 2023 | Levantamiento técnico en campo.; Clasificación de accesibilidad por tipología de discapacidad.; Publicación en web accesible.; Inclusión de señalización accesible obligatoria. | Incumplimiento del Acuerdo 894 y ausencia de inventarios. | Obligación normativa explícita (Acuerdo 894). | IDT, Secretaría Distrital de Planeación, Instituto de Patrimonio, Localidades. | No iniciado |
| 3 | Establecer estándares obligatorios de señalización accesible en toda la cadena turística | Señalética con alto contraste, braille, relieve y pictogramas.; Señalización auditiva en puntos estratégicos.; Obligación de adopción en playas, museos, terminales, rutas naturales y centros históricos. | Falta de señalización inclusiva y ausencia de apoyos sensoriales (verificación MIS-CDPD). | Verificación de Playa No. 5: ausencia de botones táctiles, señalización inclusiva y apoyos para PcD visual. | IDT, MinComercio, MinCultura, MinAmbiente, Empresas Turísticas. | No iniciado |
| 4 | Fortalecer la accesibilidad integral de Playa No. 5 en Cartagena y replicar el modelo en tres nuevos balnearios | Ampliación a mínimo 6 sillas anfibias.; Adecuación de baños y duchas con maniobrabilidad universal.; Instalación de señalización táctil y auditiva.; Capacitación obligatoria del personal costero en LSC y atención a PcD.; Mantenimiento permanente de senderos y rampas. | Infraestructura insuficiente, solo dos sillas operativas, falta de accesibilidad sensorial y de formación del personal. | Verificación directa MIS-CDPD en Playa No. 5 (2025). | Alcaldía de Cartagena, Distriseguridad, MinComercio, Fontur, Gobernación de Bolívar. | No iniciado |
| 5 | Crear el Programa de Formación Obligatoria en Accesibilidad Turística para prestadores y guías | Certificación anual obligatoria.; Módulos en discapacidad, LSC, apoyo a movilidad, atención en crisis y comunicación accesible.; Programas dirigidos a hoteles, agencias, guías, playas, transporte turístico. | Falta de formación del personal; ausencia de protocolos de atención. | Herramientas existentes: Cartilla de atención, Comunicación incluyente (IDT). | SENA, IDT, MinComercio, Asoguías, Sector privado. | No iniciado |
| 6 | Desarrollar Rutas Turísticas Accesibles Multisectoriales (RTAM) | Diseño de 6 rutas accesibles (urbanas, naturales, culturales).; Integración de transporte accesible, guías preparados y equipamiento de apoyo.; Validación participativa con PcD y OPD. | Falta de productos turísticos accesibles; experiencias aún focalizadas. | Experiencias piloto: Tur4all, turismo multisensorial y rutas comunitarias (Red Turismo Accesible, IDT). | IDT, MinComercio, MinCultura, Alcaldías, OPD. | No iniciado |
| 7 | Formalizar el funcionamiento de la Mesa Distrital de Accesibilidad para el Turismo | Publicación de actas y cronogramas.; Inclusión de OPD en deliberaciones y toma de decisiones.; Indicadores de seguimiento anual.; Lineamientos de accesibilidad consensuados. | Gobernanza débil, sin evidencia pública de funcionamiento. | Acuerdo 894 establece composición y funciones. | IDT, Secretaría de Gobierno, OPD, MIS-CDPD. | No iniciado |
| 8 | Integrar la accesibilidad turística en el Sistema de Calidad Turística del país | Exigir criterios de accesibilidad para certificaciones de calidad.; Auditorías enfocadas en accesibilidad física, sensorial y cognitiva.; Incentivos fiscales para prestadores que cumplan estándares. | Baja adopción de accesibilidad por el sector privado. | Encuesta del IDT: 68,6 % de empresarios no implementa inclusión. | MinComercio, Fontur, Gremios turísticos. | No iniciado |
| 9 | Establecer el Fondo Distrital de Accesibilidad Turística (FODAT) | Financiar adecuaciones accesibles en micro y pequeñas empresas.; Apoyar compra de equipos como sillas anfibias, rampas móviles y ayudas sensoriales.; Incluir lineamientos de sostenibilidad. | Falta de recursos para adecuaciones y equipamientos. | Ruta de inclusión laboral IDT y acompañamiento técnico existente. | Alcaldía Mayor, Concejo Distrital, MinComercio, Fontur. | No iniciado |
| 10 | Fortalecer la participación incidente de organizaciones de personas con discapacidad | Paneles de consulta accesibles.; Participación vinculante de OPD en aprobación de lineamientos.; Evaluaciones ciudadanas accesibles sobre destinos turísticos. | Baja participación y ausencia de espacios efectivos de incidencia. | Acuerdo 894 prevé participación de OPD en la Mesa. | IDT, MinComercio, OPD, MIS-CDPD. | No iniciado |
| 1 | Diseñar y adoptar la Política Nacional de Vida Independiente y Desinstitucionalización (PNVID) | Elaborar documento CONPES o instrumento equivalente.; Definir población objetivo, metas, indicadores e inversión.; Alinear con CDPD (arts. 12 y 19).; Incorporar perspectiva de género, etnia y ciclo vital.; Consultar organizaciones de personas con discapacidad. | Ausencia total de política y responsable institucional. | Ley 1996; postura del ICBF rechazando la institucionalización; herramientas técnicas de apoyos. | MinIgualdad; MPS; MinJusticia; DNP; MIS-CDPD; OPD. | No iniciado |
| 2 | Crear el Sistema Nacional de Apoyos para la Vida Independiente (SINAVI) | Definir portafolio de apoyos (asistencia personal, apoyos AVD, acompañamiento para decisiones, respiro).; Establecer criterios de acceso y financiamiento público.; Formar bancos territoriales de apoyos.; Garantizar gratuidad para personas en pobreza. | Falta de apoyos reales; riesgo de institucionalización por omisión. | Infografías MinJusticia; Guía de Acuerdos de Apoyo. | MinJusticia; MinSalud; MinIgualdad; entidades territoriales. | No iniciado |
| 3 | Implementar rutas nacionales de egreso y desinstitucionalización progresiva | Mapear instituciones públicas, privadas y mixtas.; Definir rutas de transición a comunidad.; Incluir acompañamientos intensivos y apoyos intermitentes.; Establecer seguimiento post-egreso durante 24 meses. | Ausencia de rutas de desinstitucionalización. | Declaración ICBF “la institucionalización no es protección”. | MPS; MinSalud; ICBF; entidades territoriales. | No iniciado |
| 4 | Desarrollar alternativas comunitarias de cuidado para personas adultas con discapacidad | Adaptar modalidades de acogimiento familiar del ICBF a población adulta.; Crear viviendas con apoyos de diferente intensidad.; Diseñar redes comunitarias de apoyo y convivencia.; Contratar apoyos desde gobiernos locales. | Adultos sin opciones comunitarias; riesgo de internamiento por abandono. | Experiencia de Familias Sustitutas; lineamientos de acogimiento. | ICBF; MinVivienda; MinIgualdad; alcaldías y gobernaciones. | No iniciado |
| 5 | Fortalecer la implementación de la Ley 1996 mediante formación obligatoria y certificada | Capacitación para jueces, fiscales, defensores, notarios, comisarías y EPS.; Guías sectoriales para decisiones con apoyo.; Sistema de alertas para prácticas sustitutorias.; Supervisión de cumplimiento. | Persistencia de prácticas de sustitución de la voluntad. | Guía de Acuerdos de Apoyo; infografías de valoración. | MinJusticia; Consejo Superior de la Judicatura; Función Pública. | No iniciado |
| 6 | Crear el Registro Nacional de Personas con Discapacidad en Entornos Institucionales (RENADI) | Identificar personas en instituciones públicas, privadas, geriátricas y de salud mental.; Generar datos por tipo de discapacidad, edad y tiempo de internamiento.; Actualización semestral.; Acceso público y consulta abierta (respetando datos sensibles). | Ausencia total de datos sobre institucionalización. | ICBF reconoce limitación de datos y desagregación. | DANE; MPS; ICBF; MinSalud; MIS-CDPD. | No iniciado |
| 7 | Establecer un mecanismo permanente de supervisión independiente de instituciones | Monitoreos periódicos con enfoque de derechos.; Mecanismos accesibles de quejas y reportes.; Publicación de informes y alertas tempranas.; Visitas sin previo aviso. | Falta de vigilancia independiente. | Mandatos de CDPD; evidencia de falta de supervisión. | MIS-CDPD; Procuraduría; Defensoría; personerías. | No iniciado |
| 8 | Integrar la vida independiente al Sistema Nacional de Cuidados | Incluir apoyos personales en el catálogo de cuidados.; Asegurar financiación y contratación pública.; Crear perfiles profesionales para apoyo comunitario. | Ausencia de vida independiente en políticas de cuidado. | Ley 1996; herramientas de valoración de apoyos. | MinIgualdad; MinTrabajo; DNP; entidades territoriales. | No iniciado |
| 9 | Promover modelos de vivienda accesible con apoyos | Proyectos piloto en ciudades y zonas rurales.; Co-living accesible; viviendas progresivas adaptadas.; Asistencia 24/7 según intensidad requerida. | Ausencia de alternativas residenciales no institucionales. | Capacidades previas de acogimiento familiar. | MinVivienda; alcaldías; gobernaciones. | No iniciado |
| 10 | Consolidar participación efectiva de personas con discapacidad en todas las decisiones sobre vida independiente | Comités consultivos permanentes.; Consultas accesibles previas a cualquier norma o programa.; Financiamiento para OPD y colectivos de vida independiente.; Articulación con el MIS-CDPD. | Falta de participación formal en diseño de políticas. | Experiencia de guías y lineamientos inclusivos. | MinIgualdad; MPS; MIS-CDPD; OPD. | No iniciado |
| ID Hallazgo | Descripción sintética | Evidencia |
|---|---|---|
| Hallazgo 1 | Brecha estructural en acceso y continuidad hacia la educación posmedia | Solo 17 de cada 100 personas con discapacidad alcanzan la educación superior, frente a 24 sin discapacidad (FSC–LEE, 2023). La Defensoría señala debilidades en accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. |
| Hallazgo 2 | Insuficiencia de apoyos especializados y recursos para la inclusión educativa | La Defensoría evidencia déficit de perfiles especializados, afectando continuidad y aprendizaje. El informe Hacia una educación inclusiva documenta carencias en materiales y adecuaciones curriculares. |
| Hallazgo 3 | Inequidades territoriales profundas en inclusión educativa | La Defensoría identifica que las zonas rurales y dispersas presentan las mayores barreras de accesibilidad física, curricular y de transporte. El MEN reconoce fragmentación normativa y programática que impide respuesta homogénea. |
| Hallazgo 4 | Déficits persistentes en la formación docente con enfoque inclusivo | Hacia una educación inclusiva señala que la mayoría de docentes carece de formación para aplicar ajustes razonables y tecnologías accesibles. La Procuraduría destaca la necesidad de fortalecer capacidades para aplicar CDPD y Ley 1618. |
| Hallazgo 5 | Ausencia de un sistema nacional de información educativa inclusiva y desagregada | Las fuentes muestran fragmentación de los sistemas de información (Defensoría del Pueblo, 2024); las infografías FSC–LEE evidencian falta de datos completos sobre trayectoria educativa; los lineamientos nacionales (Decreto 1421 de 2017) y rutas territoriales establecen obligaciones de reporte que no se integran en un sistema nacional unificado. |
| Hallazgo 6 | Ausencia de una política de transición inclusiva entre educación media y educación superior | FSC–LEE documenta brechas críticas en continuidad hacia la educación superior; la Defensoría del Pueblo señala falta de articulación normativa que afecta trayectorias; y los documentos técnicos (Ruta de Atención Educativa, Decreto 1421) no contemplan mecanismos de transición al nivel superior, confirmando el vacío institucional. |
| Hallazgo 7 | Ausencia de mecanismos vinculantes de participación de personas con discapacidad en la gestión educativa | La Defensoría del Pueblo evidencia limitada participación en la gobernanza educativa; las relatorías CNSC–ESAP muestran debilidad en los espacios de consulta; y aunque el Decreto 1421 promueve la participación, no existen estructuras obligatorias ni mecanismos formales de incidencia, incumpliendo los principios de consulta de la CDPD (arts. 4.3 y 24). |
| Hallazgo 8 | Brecha entre el mandato normativo y su implementación en apoyos y ajustes razonables | Aunque la Ley 1618 de 2013, la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1421 de 2017 reconocen el derecho a una educación inclusiva con apoyos y ajustes razonables, su implementación es parcial e irregular en el territorio, afectando los indicadores de accesibilidad, apoyos y adaptabilidad del art. 24 de la CDPD. La normativa establece la obligación de garantizar metodologías, materiales y apoyos adecuados, flexibilización curricular y ajustes razonables en entornos escolares comunes. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo y el informe Hacia una educación inclusiva evidencian déficits persistentes en docentes de apoyo, intérpretes, materiales accesibles y tecnologías asistidas, lo que demuestra una brecha estructural entre el marco jurídico y su ejecución (Defensoría del Pueblo, 2024; FSC–LEE, 2023). |
| Hallazgo 9 | Concentración territorial de apoyos humanos en Bogotá y rezago en otras entidades territoriales | Bogotá reporta más de 1.500 personas de apoyo en el sistema oficial (auxiliares de enfermería, mediadores pedagógicos, docentes de apoyo, intérpretes y modelos lingüísticos), configurando una alta capacidad instalada (Secretaría de Educación del Distrito, s. f.). La Defensoría del Pueblo documenta que en numerosos departamentos, especialmente rurales y municipios no certificados, la disponibilidad de estos perfiles es claramente insuficiente y afecta permanencia y aprendizaje (Defensoría del Pueblo, 2024). |
| Hallazgo 10 | Insuficiente priorización presupuestal de la educación inclusiva en trazadores y marcos de gasto | El Trazador Presupuestal para Población con Discapacidad de Bogotá muestra una alta concentración de recursos en salud, protección y bienestar, mientras la línea de “inclusión y equidad en la educación” se registra principalmente como impacto indirecto (TPPD, 2023). Las Orientaciones para la inclusión de las personas con discapacidad en el PDT 2024–2027 recomiendan incorporar metas, indicadores y recursos específicos para educación inclusiva, evidenciando que esta prioridad aún está en proceso de consolidación (Orientaciones para la inclusión de las personas con discapacidad, 2023). |
| Hallazgo 11 | Débil integración de la educación inclusiva con la planeación territorial de empleo y vida independiente | Las orientaciones de inclusión en los planes de desarrollo y la Guía Territorial para Gobernadores y Alcaldes señalan la necesidad de vincular educación, empleo y autonomía como ejes del desarrollo local; sin embargo, muestran que la política de discapacidad suele incorporarse de forma fragmentada y con baja articulación entre sectores educativo y laboral (Orientaciones para la inclusión de las personas con discapacidad, 2023; Guía Territorial de Discapacidad para Gobernadores y Alcaldes, 2023). Esto se traduce en la ausencia de rutas integrales que conecten educación media y superior con empleabilidad y vida independiente. |
| Hallazgo 12 | Insuficiencia de apoyos y ajustes razonables específicos en la educación superior | La Defensoría del Pueblo y el informe Hacia una educación inclusiva registran deficiencias sistemáticas en la disponibilidad de apoyos y en la flexibilización curricular en los niveles posmedia y superior, así como la ausencia de protocolos claros para la implementación de ajustes razonables en las IES (Defensoría del Pueblo, 2024; FSC–LEE, 2023). Los datos del CNPV 2018 muestran que solo el 34,6 % de las personas con discapacidad recibe apoyo de terceros para actividades básicas, lo que revela un déficit de base en apoyos humanos que incide en la posibilidad real de cursar estudios superiores (DANE–CNPV 2018). |
| Hallazgo 13 | Ausencia de un sistema de información desagregado sobre inclusión en la educación superior | Las fuentes consultadas muestran que los sistemas de información se concentran en básica y media, con datos fragmentarios sobre educación superior. Tanto la Defensoría del Pueblo como estudios de FSC–LEE advierten la falta de datos consistentes sobre acceso, permanencia y graduación de estudiantes con discapacidad en IES, así como la ausencia de registros sistemáticos de apoyos y ajustes razonables (Defensoría del Pueblo, 2024; FSC–LEE, 2023). |
| Hallazgo 14 | Tensión no resuelta entre autonomía universitaria y obligación de igualdad y no discriminación | La Ley 30 reconoce amplia autonomía a las IES para definir su organización académica, sus procesos de admisión y sus reglamentos internos, mientras la jurisprudencia ha señalado que dicha autonomía debe armonizarse con el derecho a la igualdad. Sin embargo, no existen lineamientos obligatorios que traduzcan estos límites en criterios concretos de inclusión, accesibilidad y ajustes razonables en los reglamentos institucionales, lo que permite la persistencia de prácticas excluyentes (Ley 30 de 1992; Consejo de Estado, 2008). |
| Hallazgo 15 | Insuficiente evaluación y rendición de cuentas sobre políticas de inclusión en educación superior | Los Lineamientos de Política de Educación Superior Inclusiva del MEN plantean la inclusión como principio rector, pero no se acompañan de un sistema robusto de evaluación y seguimiento. El estudio de la UNESCO–IESALC sobre políticas de equidad e inclusión en América Latina y el Caribe muestra que muchas IES declaran tener políticas de inclusión, pero carecen de mecanismos de monitoreo, indicadores y reportes públicos sobre resultados, generando una brecha entre el discurso y la práctica (MEN, s. f.; UNESCO–IESALC, 2025). |
| Hallazgo 16 | Rezagos estructurales en infraestructura educativa accesible | Defensoría del Pueblo (2024); Documento Técnico Política Pública Distrital de Discapacidad 2023–2034; sesiones CNSC–ESAP. |
| Hallazgo 17 | Déficits en accesibilidad comunicacional en educación y función pública | FSC–LEE (2023); encuestas MIS-CDPD sobre accesibilidad (2024); sesiones CNSC–ESAP; Oficio 2-2025-41132. |
| Hallazgo 18 | Ausencia de estándares obligatorios de accesibilidad digital en plataformas educativas y administrativas | Política Pública Distrital de Discapacidad 2023–2034; Informe Estado Colombiano Implementación CDPD (2013); encuestas MIS-CDPD (2024). |
| Hallazgo 19 | Débil articulación entre accesibilidad digital y procesos educativos presenciales y virtuales | FSC–LEE (2023); orientaciones del MEN sobre educación inclusiva (2023); encuestas MIS-CDPD (2024); sesiones CNSC–ESAP. |
| Hallazgo 20 | Brecha territorial en accesibilidad física y digital | Defensoría del Pueblo (2024); Trazador Presupuestal Discapacidad (2023); CONPES Nacional de Discapacidad (borrador 2025); Política Pública Distrital de Discapacidad. |
| Hallazgo 21 | Desigualdad en accesibilidad física a lo largo de la trayectoria escolar | Defensoría del Pueblo (2024); Documento Técnico Política Pública Distrital de Discapacidad (2023); análisis CONPES Nacional de Discapacidad (borrador 2025). |
| Hallazgo 22 | Falta de continuidad en accesibilidad comunicacional entre educación básica, media y superior | Defensoría del Pueblo (2024); Hacia una educación inclusiva (FSC–LEE, 2023); Lineamientos de Educación Superior Inclusiva (MEN, 2013); UNESCO–IESALC (2025). |
| Hallazgo 23 | Brecha persistente en accesibilidad digital en todas las etapas de la trayectoria educativa | Informe Estado Colombiano Implementación CDPD (2013); Política Pública Distrital de Discapacidad 2023–2034; encuestas MIS-CDPD (2024); sesiones CNSC–ESAP. |
| Hallazgo 24 | Deficiencias en accesibilidad en procesos de admisión, permanencia y evaluación en educación superior | Defensoría del Pueblo (2024); Hacia una educación inclusiva (FSC–LEE, 2023); Lineamientos de Educación Superior Inclusiva (MEN, s. f.); UNESCO–IESALC (2025). |
| Hallazgo 25 | Ausencia de rutas integrales de accesibilidad para trayectorias educativas completas | Orientaciones para la inclusión de las personas con discapacidad en el PDT 2024–2027; Guía Territorial de Discapacidad para Gobernadores y Alcaldes (2023); CONPES Nacional de Discapacidad (borrador 2025); Documento Técnico Política Pública Distrital de Discapacidad (2023). |
| Hallazgo 26 | Ausencias de accesibilidad en trayectorias tempranas (educación inicial y básica) | Defensoría del Pueblo (2024); Documento Técnico Política Pública Distrital de Discapacidad 2023–2034; Hacia una educación inclusiva (FSC–LEE, 2023); MIS-CDPD (2024). |
| Hallazgo 27 | Brechas de accesibilidad en educación media y tránsito a la posmedia | Defensoría del Pueblo (2024); FSC–LEE (2023); Orientaciones PDT 2024–2027; MIS-CDPD (2024). |
| Hallazgo 28 | Ausencias de accesibilidad integral en educación superior | Defensoría del Pueblo (2024); Lineamientos MEN (s. f.); FSC–LEE (2023); UNESCO–IESALC (2025). |
| Hallazgo 29 | Brechas de accesibilidad en formación para el trabajo y capacitación de servidores públicos | Sesiones CNSC–ESAP (2025); Oficio 2-2025-41132; CONPES Nacional de Discapacidad (borrador 2025). |
| Hallazgo 30 | Falta de una ruta integral de accesibilidad a lo largo de la trayectoria educativa | Documento Técnico Política Pública Distrital Discapacidad (2023); CONPES Nacional de Discapacidad (borrador 2025); Guía Territorial de Discapacidad; Orientaciones PDT 2024–2027. |
| Hallazgo 31 | Fragmentación institucional en la provisión de apoyos comunicacionales a lo largo de las trayectorias educativas | El borrador del CONPES de discapacidad señala la necesidad de ampliar y fortalecer servicios de interpretación debido a la baja cobertura y calidad irregular (CONPES Nacional de Discapacidad, 2025). La Defensoría del Pueblo documenta insuficiencia de intérpretes y apoyos comunicativos en actividades pedagógicas y reuniones escolares, afectando la comprensión y la participación (Defensoría del Pueblo, 2024). En educación superior, los lineamientos del MEN y análisis de la UNESCO–IESALC reportan ausencia de equipos permanentes de interpretación y apoyos comunicativos (MEN, s.f.; UNESCO–IESALC, 2025). En formación para el trabajo, el curso CNSC–ESAP evidencia dificultades para acceder a información y contenidos en formatos accesibles durante procesos formativos (Sesiones CNSC–ESAP, 2025). |
| Hallazgo 32 | Ausencia de políticas institucionales que aseguren información clara y accesible para el tránsito a educación superior y empleabilidad | La Defensoría del Pueblo identifica que la ausencia de información accesible afecta la continuidad educativa y dificulta el paso hacia niveles superiores (Defensoría del Pueblo, 2024). UNESCO–IESALC resalta que las barreras informativas y comunicacionales son uno de los principales factores que restringen el ingreso y permanencia en educación superior (UNESCO–IESALC, 2025). Las sesiones del curso CNSC–ESAP documentan dificultades para entender requisitos y procedimientos de convocatorias, así como barreras en la accesibilidad comunicacional de plataformas de inscripción (Sesiones CNSC–ESAP, 2025). El borrador del CONPES de discapacidad reconoce la necesidad de fortalecer la difusión accesible en políticas de inclusión educativa y laboral (CONPES Nacional de Discapacidad, 2025). |
| Hallazgo 33 | Déficit estructural en la producción de materiales pedagógicos accesibles | FSC–LEE (2023); Defensoría del Pueblo (2024). |
| Hallazgo 34 | Insuficiencia de servicios lingüísticos y de mediación comunicativa en todos los niveles educativos | CONPES Nacional de Discapacidad (2025); Defensoría del Pueblo (2024). |
| Hallazgo 35 | Falta de estandarización en formatos accesibles para evaluaciones y procesos académicos | MEN (s.f.); SDP (2023). |
| Hallazgo 36 | Limitaciones tecnológicas para garantizar accesibilidad comunicacional digital | MIS-CDPD (2024); CONPES Nacional de Discapacidad (2025). |
| Hallazgo 37 | Barreras comunicacionales que afectan el tránsito a la educación superior y al empleo público | CNSC–ESAP (2025); UNESCO–IESALC (2025). |
| Hallazgo 38 | Ausencia de formación docente obligatoria en inclusión (inicial, básica y media) | FSC–LEE (2023); Defensoría del Pueblo (2024). |
| Hallazgo 39 | Insuficiencia de contenidos prácticos sobre DUA y ajustes razonables en la formación inicial | Licenciatura en Educación Infantil (2024); Educación Básica Primaria (2024). |
| Hallazgo 40 | Ausencia de lineamientos nacionales obligatorios de formación docente en educación superior | MEN (s.f.); UNESCO–IESALC (2025). |
| Hallazgo 41 | Brecha territorial: baja cobertura de formación docente en zonas rurales | articles-391288_recurso_1.pdf (2024); Defensoría del Pueblo (2024). |
| Hallazgo 42 | Debilidad en la formación docente para acompañar trayectorias educativas | FSC–LEE (2023); MEN (2013). |
| Hallazgo 43 | Limitada preparación docente para trabajar con familias cuidadoras | Licenciatura Educación Infantil (2024); articles-391288_recurso_1.pdf (2024). |
| Hallazgo 44 | Ausencia de competencias docentes para coordinación con equipos psicosociales | Defensoría del Pueblo (2024); articles-391288_recurso_1.pdf (2024). |
| Hallazgo 45 | Formación docente universitaria voluntaria, puntual y no articulada al escalafón | UNESCO–IESALC (2025); Espe Docencia Educación Superior (2024). |
| Hallazgo 46 | Ausencia de formación docente en evaluación accesible | Espe Docencia Educación Superior (2024); MEN (s.f.). |
| Hallazgo 47 | Déficit en accesibilidad digital y tecnologías de apoyo en formación docente | Espe Docencia Educación Superior (2024); PORT-DUV (2024). |
| Hallazgo 48 | Ausencia de formación docente para acompañar tránsitos hacia educación superior y empleabilidad | CNSC–ESAP (2025); Defensoría del Pueblo (2024). |
| Hallazgo 49 | Déficit de competencias docentes para atención intercultural en contextos étnicos y rurales | articles-391288_recurso_1.pdf (2024); FSC–LEE (2023). |
| Hallazgo 50 | Desigualdad estructural entre zonas urbanas y rurales en acceso y continuidad educativa | EducaciónCO (FSC–LEE, 2023); DANE – Panorama general de discapacidad (s.f.). |
| Hallazgo 51 | Limitada capacidad institucional de entidades territoriales no certificadas para garantizar educación inclusiva | FSC–LEE (2023); Bogotá, 2024 (contraste territorial). |
| Hallazgo 52 | Mayor rezago en accesibilidad física y comunicacional en zonas rurales y dispersas | DANE (s.f.); FSC–LEE (2023). |
| Hallazgo 53 | Brecha territorial en disponibilidad de apoyos especializados y equipos interdisciplinarios | Defensoría del Pueblo (2024); FSC–LEE (2023). |
| Hallazgo 54 | Rezagos en capacidades docentes para inclusión en contextos rurales y étnicos | articles-391288_recurso_1.pdf (2024); FSC–LEE (2023). |
| Hallazgo 55 | Desigualdad territorial en inversión y fortalecimiento institucional para inclusión educativa | Bogotá (2024); FSC–LEE (2023). |
| Hallazgo 56 | Barreras en transporte y movilidad que restringen asistencia escolar en áreas rurales | DANE – Panorama general de discapacidad (s.f.). |
| Hallazgo 57 | Ausencia de sistemas de seguimiento territorializados sobre inclusión educativa | FSC–LEE (2023); MEN (s.f.). |
| Hallazgo MIS-CDPD 58 | Invisibilidad histórica en los sistemas de información del conflicto | La discapacidad no fue registrada ni analizada durante décadas, impidiendo dimensionar sus impactos diferenciales. FSC (2016); Unidad para las Víctimas (2025). |
| Hallazgo MIS-CDPD 59 | Injusticia narrativa y exclusión epistémica | Los relatos del conflicto omitieron sistemáticamente las voces de personas con discapacidad. PAIIS (2020). |
| Hallazgo MIS-CDPD 60 | Subregistro persistente en el RUV | Las víctimas con discapacidad continúan siendo registradas en proporciones muy inferiores a las reales. Romero & Bulla (2016); UARIV (2014; 2025). |
| Hallazgo MIS-CDPD 61 | Falta de caracterización interseccional y etnoterritorial | No se analizan conjuntamente discapacidad, territorio, ciclo vital y hechos victimizantes. UARIV (2025). |
| Hallazgo MIS-CDPD 62 | Barreras de accesibilidad en rutas de verdad, justicia y reparación | Las rutas judiciales y transicionales siguen siendo ampliamente inaccesibles. PAIIS (2020); JEP (2023). |
| Hallazgo MIS-CDPD 63 | Persistencia del capacitismo institucional | Las prácticas institucionales reproducen prejuicios y limitan autonomía y participación. PAIIS (2020). |
| Hallazgo MIS-CDPD 64 | Ausencia de protocolos para discapacidad adquirida por hechos violentos | No existen lineamientos claros para discapacidad causada por minas, violencia sexual o armas de fuego. CNMH (2021); FSC (2016). |
| Hallazgo MIS-CDPD 65 | Falta de articulación entre salud, rehabilitación, asistencia y reparación | La atención opera fragmentada y sin integración intersectorial. UARIV (2025); FSC (2016). |
| Hallazgo MIS-CDPD 66 | Débil política de cuidado para personas mayores con discapacidad víctimas del conflicto | No existe una política integral de cuidado para este grupo, que representa casi la mitad de las víctimas con discapacidad. UARIV (2025); Barreto Montoya (2025). |
| Hallazgo MIS-CDPD 67 | Insuficiente identificación de discapacidad psicosocial derivada del conflicto | La discapacidad psicosocial continúa subdiagnosticada y subregistrada. PAIIS (2020); FSC (2016). |
| Hallazgo MIS-CDPD 68 | Ausencia de mecanismos para reconocer discapacidad derivada de violencia sexual | Las mujeres afectadas enfrentan barreras para el reconocimiento y la reparación. UARIV (2014). |
| Hallazgo MIS-CDPD 69 | Debilidad en la oferta de rehabilitación integral en zonas rurales y dispersas | La rehabilitación es limitada o inexistente en territorios más afectados. FSC (2016). |
| Hallazgo MIS-CDPD 70 | Barreras económicas y de transporte para acceder a medidas de reparación | Costos de desplazamiento y transporte inaccesible dificultan el acceso a servicios. PAIIS (2020). |
| Hallazgo MIS-CDPD 71 | Insuficiente articulación entre salud mental, discapacidad psicosocial y reparación | Los diagnósticos de salud mental no se conectan con rutas de discapacidad ni reparación. UARIV (2025). |
| Hallazgo MIS-CDPD 72 | Riesgo de revictimización en procesos declarativos y judiciales | La falta de ajustes razonables provoca revictimización y barreras probatorias. PAIIS (2020). |
| Hallazgo MIS-CDPD 73 | Ausencia de métodos accesibles para la recolección de testimonios | No hay lineamientos para entrevistas accesibles en procesos de verdad y memoria. CEV (2022). |
| Hallazgo MIS-CDPD 74 | Falta de reconocimiento de cuidadores/as víctimas del conflicto | La sobrecarga de cuidados no es reconocida ni apoyada institucionalmente. DANE-CASEN (2023). |
| Hallazgo MIS-CDPD 75 | Falta de rutas diferenciadas para la reparación de víctimas con discapacidad | Las medidas de reparación no incorporan ajustes individuales por tipo de discapacidad. UARIV (2025). |
| Hallazgo MIS-CDPD 76 | Escasa incorporación de discapacidad en medidas de no repetición | La discapacidad no se reconoce como factor de riesgo agravado en prevención. PAIIS (2020); UARIV (2025). |
| Hallazgo MIS-CDPD 77 | Ausencia de datos sobre participación política de víctimas con discapacidad | No se monitorea su participación electoral ni en espacios de decisión. UARIV (2025). |
| Hallazgo MIS-CDPD 78 | Debilidad en la accesibilidad comunicacional en procesos institucionales | La información no se presenta en formatos accesibles. PAIIS (2020). |
| Hallazgo MIS-CDPD 79 | Desigualdad territorial en acceso a reparación y servicios | Territorios rurales presentan mayores limitaciones en salud, transporte y ayudas técnicas. UARIV (2025); FSC (2016). |
| Hallazgo MIS-CDPD 80 | Ausencia de monitoreo independiente sobre víctimas con discapacidad | No existe vigilancia sostenida del cumplimiento estatal. FSC (2016); UARIV (2025). |
| Hallazgo MIS-CDPD 81 | Débil articulación entre el Sistema de Discapacidad y el Sistema de Víctimas | Las políticas avanzan de forma paralela, sin integración operativa ni normativa. MIS-CDPD (2025). |
| Hallazgo MIS-CDPD 82 | Falta de lineamientos sobre accesibilidad en acompañamiento psicosocial | PAPSIVI no integra estándares obligatorios de accesibilidad ni apoyos diferenciados. FSC (2016); UARIV (2025). |
| Hallazgo MIS-CDPD 83 | Insuficiencia de medidas de reparación cultural, recreativa y deportiva | Las medidas simbólicas y de participación cultural excluyen a personas con discapacidad. UARIV (2025). |
| Hallazgo MIS-CDPD 84 | Ausencia de datos oficiales sobre participación política de personas con discapacidad | MOE evidencia inexistencia de registro electoral desagregado y ausencia de cifras de participación por discapacidad (MOE, 2023). Borrador CONPES confirma vacíos de información (DNP, 2025). |
| Hallazgo MIS-CDPD 85 | Déficits estructurales de accesibilidad física y comunicacional en procesos electorales | MOE reporta 39,4 % de puestos sin tarjetón braille, 19,7 % sin cubículos accesibles y déficit de 836 tarjetones braille por municipio; no existen formatos cognitivos ni accesibilidad para personas sordas (MOE, 2023). |
| Hallazgo MIS-CDPD 86 | Subrepresentación política en cargos de elección y espacios decisorios | Borrador CONPES refiere participación “muy baja” y ausencia de medidas afirmativas (DNP, 2025). MOE señala que solo el 7,4 % de los puestos observados incluyó jurados con discapacidad (MOE, 2023). |
| Hallazgo MIS-CDPD 87 | Funcionamiento irregular del Sistema Nacional de Discapacidad y sus comités territoriales | El borrador CONPES identifica fallas de periodicidad, articulación y funcionamiento irregular (DNP, 2025). |
| Hallazgo MIS-CDPD 88 | Insuficiente participación incidente de organizaciones y liderazgos con discapacidad | Solo un Comité Departamental reportó ayudas de transporte (DNP, 2025). Mapeo Disca señala que solo un tercio realiza incidencia activa (PAIIS, 2025). |
| Hallazgo MIS-CDPD 89 | Brechas territoriales que afectan la participación política rural y étnica | Mapeo Disca evidencia baja densidad organizativa en Amazonía, Orinoquía y zonas rurales; IEMP registra asimetrías regionales (PAIIS, 2025; IEMP, 2023). |
| Hallazgo MIS-CDPD 90 | Debilidades en el acceso a información política accesible | MOE documenta ausencia de formatos accesibles para personas sordas, cognitivas e intelectuales (MOE, 2023). |
| Hallazgo MIS-CDPD 91 | Insuficiente financiamiento y desarrollo institucional de OPD | Mapeo Disca identifica predominio de organizaciones pequeñas con recursos inestables; menos del 35 % reporta capacidades para incidencia (PAIIS, 2025). |
| Hallazgo MIS-CDPD 92 | Falta de mecanismos intersectoriales permanentes para participación política | Borrador CONPES evidencia ausencia de articulación intersectorial (DNP, 2025). |
| Hallazgo MIS-CDPD 93 | Cambios institucionales generan incertidumbre en la rectoría del SND | La transición hacia el liderazgo del Ministerio de Igualdad requiere ajustes normativos y operativos aún no consolidados. Proyecto de resolución 2025 y Resolución 1247 de 2025 trasladan rectoría operativa (MinIgualdad, 2025). |
| Hallazgo MIS-CDPD 94 | Limitada transparencia y trazabilidad del CND | No se publican sistemáticamente actas, acuerdos o resultados; existen años sin información accesible. Falta de registros para 2021 y 2024; solo algunas sesiones verificables (Vicepresidencia, 2022; MinInterior, 2023). |
| Hallazgo MIS-CDPD 95 | Ausencia de formación política accesible para liderazgos con discapacidad | No existen programas nacionales estables de formación política con ajustes razonables. Borrador CONPES reconoce ausencia de procesos de fortalecimiento de capacidades (DNP, 2025). |
| Hallazgo MIS-CDPD 96 | Desigual incorporación del enfoque de discapacidad en partidos y movimientos políticos | Los partidos carecen de lineamientos, protocolos o cuotas de inclusión de personas con discapacidad. MOE evidencia ausencia de estrategias y protocolos inclusivos (MOE, 2023). |
| Hallazgo MIS-CDPD 97 | Falta de mecanismos de accesibilidad digital en procesos electorales y de participación | MOE documenta falta de accesibilidad digital en la RNEC para discapacidades cognitivas, auditivas y visuales (MOE, 2023). |
| Hallazgo MIS-CDPD 98 | Articulación limitada entre el SND y el SNPC | No hay coordinación clara entre los mecanismos formales del SND y los espacios amplios de participación ciudadana. El SNPC reporta solo un representante de PcD sin evidencia de incidencia; borrador CONPES confirma debilidad interinstitucional (SNPC s. f.; DNP, 2025). |
| Hallazgo MIS-CDPD 99 | Invisibilización de mujeres con discapacidad en participación política | No existen mecanismos específicos para su participación, pese a barreras acumuladas de género y discapacidad. Borrador CONPES identifica a mujeres con discapacidad como grupo con mayores brechas y baja representación (DNP, 2025, p. 58). |
| Hallazgo MIS-CDPD 100 | Baja incorporación del enfoque de discapacidad en veedurías ciudadanas y control social | Las orientaciones de veedurías no incluyen ajustes razonables ni lineamientos para participación de PcD. Lineamientos para veedurías accesibles identifican ausencia de metodologías adaptadas (WP Veedurías, s. f.). |
| Hallazgo MIS-CDPD 101 | Desigualdad en la capacidad de incidencia entre organizaciones nacionales y territoriales | Las organizaciones rurales o pequeñas tienen menos capacidades, formación y recursos que las organizaciones urbanas consolidadas. IEMP evidencia concentración de capacidades en grandes ciudades; Mapeo Disca muestra densidades desiguales por territorio (IEMP, 2023; PAIIS, 2025). |
| Hallazgo MIS-CDPD 102 | Falta de criterios de accesibilidad en diálogos ciudadanos sectoriales | Los espacios sectoriales no aplican estándares de accesibilidad física, comunicativa y procedimental. Actas de diálogos 2023–2024 muestran accesibilidad parcial, dependiente de voluntad institucional (MinCultura; MinDeporte). |
| Hallazgo MIS-CDPD 103 | Ausencia de un sistema nacional y distrital de información en turismo accesible | El MIS-CDPD formula preguntas básicas al MinComercio sobre estrategias, infraestructura accesible, capacitación y datos digitales accesibles, porque esta información no está disponible en fuentes oficiales consolidadas. |
| Hallazgo MIS-CDPD 104 | Debilidad en la gobernanza del turismo accesible | Acuerdo 894 de 2023 establece composición, funciones e instrumentos; sin embargo, no se identificaron actas, informes ni resultados públicos de su operación. |
| Hallazgo MIS-CDPD 105 | Baja adopción de políticas de inclusión y accesibilidad por el sector empresarial turístico | La Estrategia de Turismo Accesible requirió convenio con CIDCCA para acompañar a 33 empresas y atractivos; su necesidad muestra que los prestadores no tenían prácticas consolidadas. |
| Hallazgo MIS-CDPD 106 | Inexistencia de inventario público y actualizado sobre infraestructura y servicios turísticos accesibles | El Acuerdo 894 ordena crear y actualizar un inventario y un plan de promoción, pero no se hallaron productos disponibles. |
| Hallazgo MIS-CDPD 107 | Uso limitado de herramientas de comunicación accesible y protocolos de atención inclusiva | Cartillas y guías del IDT aparecen como insumos de apoyo, sin carácter obligatorio para los prestadores. |
| Hallazgo MIS-CDPD 108 | Falta de sistematicidad en la participación de personas con discapacidad en la estrategia de turismo accesible | Aunque el Acuerdo 894 prevé participación de OPD en la Mesa Distrital, no se encontraron evidencias de reglamentos, convocatorias o informes. |
| Hallazgo MIS-CDPD 109 | Cobertura limitada de la Red de Turismo Accesible y del sello Tur4all | El IDT señala 33 prestadores capacitados y un grupo acotado con sello Tur4all, mostrando avances pero con alcance focalizado. |
| Hallazgo MIS-CDPD 110 | Insuficiencia de indicadores de resultado y mecanismos de seguimiento | La Estrategia de Turismo Accesible reporta acciones (eventos, convenios, personas sensibilizadas) pero no resultados sobre viajes accesibles o disminución de barreras. |
| Hallazgo MIS-CDPD-123 | Ausencia de una política nacional de vida independiente y desinstitucionalización para personas adultas | El ICBF señala que “no tiene competencia directa en vida independiente adulta”, lo que deja un vacío institucional. |
| Hallazgo MIS-CDPD-124 | Inexistencia de un sistema nacional de apoyos personalizados para la vida en comunidad | Infografías de MinJusticia describen procedimientos legales, pero no servicios reales disponibles en territorio. |
| Hallazgo MIS-CDPD-125 | Falta de datos oficiales sobre personas con discapacidad institucionalizadas | ICBF reporta cifras parciales sin desagregación por discapacidad. |
| Hallazgo MIS-CDPD-126 | Persistencia de prácticas de sustitución de la voluntad | La Guía de Acuerdos de Apoyo evidencia uso continuado de interdicción y mecanismos de sustitución. |
| Hallazgo MIS-CDPD-127 | Institucionalización como respuesta ante ausencia de apoyos comunitarios | ICBF reconoce que muchos ingresos a instituciones obedecen a vulnerabilidades sociales. |
| Hallazgo MIS-CDPD-128 | Ausencia de rutas de egreso y desinstitucionalización para personas adultas | Ningún documento presenta rutas de egreso; la regulación se concentra solo en NNA. |
| Hallazgo MIS-CDPD-129 | Modalidades de acogimiento limitadas únicamente a NNA | Documentos de Familias Sustitutas excluyen a personas adultas. |
| Hallazgo MIS-CDPD-130 | Falta de una entidad estatal responsable de coordinar la vida independiente | ICBF reconoce límites de competencia; no existe entidad que asuma esta función. |
| Hallazgo MIS-CDPD-131 | Déficit de formación en Ley 1996 para operadores estatales y comunitarios | La Guía evidencia desconocimiento de enfoques y uso de prácticas contrarias a la Ley 1996. |
| Hallazgo MIS-CDPD-132 | Ausencia de mecanismos independientes de supervisión de instituciones | Ninguna fuente reporta sistemas de vigilancia independientes. |
| Hallazgo MIS-CDPD-133 | No integración de vida independiente al Sistema Nacional de Cuidados | La política de cuidados no incorpora apoyos personales ni vida en comunidad. |
| Hallazgo MIS-CDPD-134 | Falta de financiamiento específico para apoyos y desinstitucionalización | Ningún documento contiene estructura presupuestal vinculada a estos derechos. |
| Hallazgo MIS-CDPD-135 | Fragmentación institucional frente a internamientos por abandono o pobreza | ICBF identifica la “fragmentación institucional” como obstáculo estructural. |
| Hallazgo MIS-CDPD-136 | Inexistencia de modelos de vivienda con apoyos o residencias comunitarias | No existen modalidades de vivienda con apoyos para adultos con discapacidad. |
| Hallazgo MIS-CDPD-137 | Ausencia de indicadores nacionales sobre inclusión comunitaria y transiciones desde instituciones | ICBF carece de datos desagregados y no existe un sistema nacional de indicadores. |
| Hallazgo MIS-CDPD-138 | Institucionalización por motivos socioeconómicos continúa vigente | Personas con discapacidad siguen siendo internadas por pobreza, abandono o falta de apoyos. |
| Hallazgo MIS-CDPD-139 | Participación inexistente de personas con discapacidad en políticas de vida independiente | No hay procesos consultivos ni participación incidente en diseño de políticas. |
| Hallazgo MIS-CDPD-140 | Lineamientos sin responsables, cronogramas ni mecanismos de implementación | Ley 1996 y guías no incluyen responsables, tiempos ni presupuestos asignados. |
| Bloque de indicadores | Indicadores ONU incluidos | Color | Valoración sintética para Colombia |
|---|---|---|---|
| Igualdad y no discriminación | 7.1 – Prohibición de discriminación; 7.2 – Inclusión en leyes y políticas; 7.3 – Indicador presupuestal; 7.4 – Moratoria institucionalización | Yellow | Las leyes nacionales consagran la no discriminación, pero las fuentes analizadas (FSC, CONPES) muestran continuidad de prácticas segregadoras y ausencia de datos sobre gasto específico para infancia con discapacidad. No existe evidencia de una moratoria formal a nuevos ingresos de niños en instituciones. |
| Interés superior, supervivencia y facultades evolutivas | 7.5 – Legislación sobre facultades evolutivas; 7.8 – Protocolos de evaluación del interés superior; 7.10 – Directrices para asistencia adecuada | Yellow | El país cuenta con principios de interés superior en la normatividad general y sectorial, pero no se dispone en las fuentes cargadas de evidencia sobre la existencia de protocolos específicos inclusivos de discapacidad. |
| Datos, registros y accesibilidad financiera | 7.3 – Gasto público con indicador de discapacidad; 7.6 – Estadísticas accesibles y desagregadas | Red | No se encontró ninguna referencia a un indicador de discapacidad obligatorio en gasto público. La disponibilidad de datos desagregados por discapacidad en infancia es limitada e incompleta. |
| Participación infantil y mecanismos de denuncia | 7.7 – Mecanismos accesibles de denuncia; 7.9 – Inclusión de NNA en liderazgo; 7.14 – Procesos de consulta; 7.15/7.20 – Campañas accesibles | Yellow | Existen mecanismos generales de denuncias y participación, pero no evidencia sistemática en las fuentes sobre mecanismos accesibles y adaptados para niños con discapacidad. |
| Resultados: supervivencia, nutrición, educación y desinstitucionalización | 7.21–7.28 (mortalidad, nutrición, trabajo infantil, logros educativos, cuidado alternativo, participación infantil) | Red | No se encontraron datos desagregados por discapacidad sobre mortalidad infantil, nutrición, trabajo infantil o resultados educativos. Tampoco información sobre niños con discapacidad en cuidado institucional vs. familiar. La información existente es insuficiente, lo que implica un nivel crítico de cumplimiento en resultados. |
| Bloque de indicadores | Indicadores ONU incluidos | Color | Valoración sintética para Colombia |
|---|---|---|---|
| Marco normativo y estrategia de educación inclusiva | 24.1 – Legislación de educación inclusiva; 24.2 – Prohibición de exclusión por discapacidad; 24.3 – Estrategia/plan nacional para transición a sistema inclusivo; 24.5 – Estrategia para educación profesional y aprendizaje a lo largo de la vida | Yellow | Existe un marco jurídico robusto (Ley 1346 de 2009, Ley 1618 de 2013, Decreto 1421 de 2017, política nacional de discapacidad y borrador CONPES 2025) que reconoce la educación inclusiva y la transición a sistemas inclusivos. Sin embargo, el propio borrador de política nacional de discapacidad señala que el sistema educativo sigue siendo ineficaz para garantizar acceso, permanencia y promoción de las personas con discapacidad, lo que indica un avance normativo importante, pero con implementación incompleta. |
| Identificación temprana y apoyos individuales (PIAR, apoyos, ajustes) | 24.4 – Programas de identificación temprana y apoyos; 24.16 – Proporción de estudiantes con PIAR y apoyos; 24.17–24.19 – Lengua de señas, intérpretes, materiales accesibles | Red | El país cuenta con la certificación de discapacidad y el RLCPD como base para identificar necesidades de apoyo, pero las fuentes oficiales y alternativas señalan fallas sistemáticas en PIAR, falta de apoyos y materiales accesibles, y uso de respuestas disciplinarias en lugar de ajustes razonables, especialmente en educación básica y media. El borrador CONPES reconoce que estas barreras impiden completar trayectorias educativas; el informe alternativo FSC evidencia persistencia de enfoques segregados y escasa provisión de apoyos pedagógicos. |
| Formación docente, currículo inclusivo y docentes con discapacidad | 24.6 – Formación obligatoria en educación inclusiva; 24.7 – Currículo con estándares de educación inclusiva; 24.21 – Docentes formados en inclusión; 24.22 – Proporción de docentes con discapacidad; 24.23 – Campañas de concienciación | Yellow | Existen procesos de formación en discapacidad para servidores públicos y actores educativos (p. ej., cursos CNSC–ESAP sobre discapacidad y función pública) y apoyos técnicos de FSC/MEN que han formado miles de docentes y líderes territoriales en educación inclusiva. Sin embargo, tanto el CONPES como el informe alternativo señalan déficit de formación generalizada, baja presencia de docentes con discapacidad y apropiación desigual del currículo inclusivo, por lo que el cumplimiento es intermedio y muy desigual entre territorios. |
| Accesibilidad física, comunicacional y digital en educación | 24.8 – Normas nacionales de accesibilidad; 24.11 – Proporción de escuelas con infraestructura y materiales adaptados; 24.19 – Materiales accesibles para estudiantes con discapacidad visual; 24.30 – Competencias TIC de jóvenes con discapacidad | Red | Aunque existen normas de accesibilidad, el borrador CONPES documenta persistencia de barreras físicas, comunicacionales y digitales que limitan la autonomía y la vida independiente, incluyendo el acceso a servicios educativos. El informe alternativo FSC y estudios del DANE muestran que las personas con discapacidad tienen menor acceso a infraestructura educativa adecuada y a TIC, y que la accesibilidad digital sigue siendo limitada, especialmente en zonas rurales y en educación superior. La falta de información desagregada específica sobre 24.11, 24.19 y 24.30 refuerza la valoración crítica. |
| Presupuesto y estructura de la oferta (inclusiva vs. segregada) | 24.14 – Gasto por alumno desglosado por discapacidad; 24.15 – Relación escuelas regulares/escuelas especiales; 24.24 – Presupuesto para entornos inclusivos vs. segregados | Yellow | El marco de política reconoce la necesidad de superar la institucionalización y las ofertas segregadas, y orienta la inclusión como estrategia central. Sin embargo, no se dispone en las fuentes consultadas de datos comparables sobre gasto por alumno según discapacidad ni sobre la proporción de presupuesto destinado a entornos segregados frente a los inclusivos. El mantenimiento de escuelas especiales y de prácticas segregadoras indica que la reorientación presupuestal está en curso, pero no consolidada. Por ello, el nivel se valora como intermedio, con brechas importantes de información. |
| Participación, consulta y protección frente a violencia y acoso | 24.10 – Prohibición de violencia y acoso en educación; 24.12 – Educación para la vida inclusiva; 24.13 – Indicadores de violencia y acoso; 24.23 – Campañas de concienciación; 24.25 – Procesos de consulta; 24.26 – Gestión de denuncias por discriminación | Yellow | La legislación colombiana prohíbe la discriminación y la violencia por motivos de discapacidad, y el Sistema Nacional de Discapacidad prevé participación de organizaciones de personas con discapacidad en diseño y seguimiento de políticas. Sin embargo, no se halló información sistemática y desagregada sobre prevalencia de acoso y violencia en escuelas hacia estudiantes con discapacidad ni sobre la resolución de denuncias (24.13, 24.26). La existencia de normativa y espacios de participación indica un cumplimiento intermedio, pero la ausencia de datos de resultado impide ubicar este bloque en verde. |
| Resultados educativos: acceso, permanencia, logros de aprendizaje y continuidad | 24.27 – Matrícula, asistencia, promoción, finalización y abandono de estudiantes con discapacidad; 24.28 – Niveles mínimos de competencia en lectura y matemáticas; 24.29 – Competencias funcionales en alfabetización y aritmética | Red | Los datos recopilados por la FSC y el DANE muestran que las personas con discapacidad tienen menores niveles de escolaridad, altas tasas de no asistencia y baja presencia en educación media y superior, en comparación con la población sin discapacidad. El borrador CONPES concluye que el sistema educativo es ineficaz para garantizar condiciones de acceso, permanencia y promoción que permitan la culminación de trayectorias educativas completas. No se dispone de datos desagregados suficientes sobre logros de aprendizaje y competencias funcionales (24.28–24.29), pero la evidencia disponible apunta a brechas profundas y persistentes. |
| Artículo | Indicadores ONU incluidos | Color | Valoración sintética para Colombia |
|---|---|---|---|
| Art. 25 – Salud | Lista de indicadores de estructura, proceso y resultado sobre igualdad de acceso a servicios de salud, cobertura universal, accesibilidad física y comunicativa, consentimiento libre e informado y formación del talento humano en el derecho a la salud de las personas con discapacidad. | Red | A pesar de la existencia de programas como PAPSIVI, el modelo PSD-D y rutas específicas para sobrevivientes de minas, el diagnóstico del Eje 2 evidencia brechas graves en acceso efectivo, continuidad de tratamientos, salud mental y ayudas técnicas para víctimas con discapacidad, especialmente en zonas rurales y dispersas. La desarticulación entre salud, asistencia humanitaria y reparación, así como la ausencia de mecanismos consistentes para discapacidad adquirida por hechos violentos, sitúan el cumplimiento del Art. 25 en un nivel críticamente bajo para esta población. |
| Art. 26 – Habilitación y rehabilitación | Indicadores sobre existencia de legislación y planes nacionales de rehabilitación, servicios intersectoriales, monitoreo de centros de rehabilitación y disponibilidad de tecnologías de apoyo. | Red | El Eje 2 documenta que la rehabilitación integral –física, funcional y psicosocial– es escasa, fragmentada y muy limitada en territorios afectados por el conflicto, lo que produce deterioros irreversibles y daño prolongado para víctimas con discapacidad. Se reconoce la presencia de experiencias puntuales, pero no de un programa nacional de rehabilitación integral articulado a la reparación, lo que configura una de las deudas más profundas del Estado con esta población. |
| Art. 27 – Trabajo y empleo | Indicadores sobre marcos legales inclusivos, planes de empleo y formación vocacional, adaptación del lugar de trabajo, acción afirmativa y tasas de empleo y desempleo de personas con discapacidad. | Red | Para víctimas del conflicto armado con discapacidad, la evidencia del Eje 2 muestra barreras económicas, de transporte y de accesibilidad que limitan el acceso tanto a medidas de reparación como a oportunidades de generación de ingresos, sin que se identifiquen políticas laborales específicas y sostenidas dirigidas a este grupo. La ausencia de datos desagregados sobre empleo y de programas diferenciados de inserción laboral para víctimas con discapacidad permite concluir un cumplimiento muy bajo del Art. 27 en este contexto. |
| Art. 28 – Nivel de vida adecuado y protección social | Indicadores sobre inclusión de personas con discapacidad en programas de vivienda, agua y saneamiento, protección social y reducción de la pobreza, así como cobertura de regímenes de protección social y determinación de costos adicionales por discapacidad. | Red | El análisis del Eje 2 revela que muchas víctimas con discapacidad enfrentan pobreza persistente, costos adicionales por cuidado, transporte y dispositivos de apoyo, y un “circuito de trámites” fragmentado entre salud, reparación y protección social que se traduce en violencia institucional. Aunque existen algunas medidas de indemnización prioritaria, no se observa un esquema de protección social integral que cubra los costos asociados a la discapacidad en el marco del conflicto, por lo que el cumplimiento del Art. 28 es críticamente bajo. |
| Art. 29 – Participación en la vida pública y política | Indicadores sobre sufragio universal, posibilidad de ser elegido, accesibilidad de procesos electorales y apoyo a organizaciones de personas con discapacidad y su participación en la vida pública. | Red | Si bien el Eje 2 identifica la acción de organizaciones de personas con discapacidad y su participación en informes alternativos y espacios de incidencia, persisten barreras de accesibilidad física, comunicativa y procedimental que limitan la participación plena de víctimas con discapacidad en escenarios de decisión, incluidos los relacionados con políticas de víctimas. No se cuenta con datos sistemáticos sobre su participación electoral o su presencia en cargos de representación, lo que refleja un nivel de cumplimiento bajo frente a los estándares del Art. 29. |
| Art. 30 – Vida cultural, recreación, ocio y deporte | Indicadores relativos a marcos legales sobre participación cultural, accesibilidad de espacios culturales y deportivos, políticas de deporte inclusivo y acceso a actividades recreativas y culturales. | Red | Para víctimas del conflicto armado con discapacidad, las fuentes analizadas prácticamente no registran medidas específicas que garanticen participación en la vida cultural, recreativa o deportiva como parte de la reparación integral o de las garantías de no repetición. La prioridad institucional se concentra en atención básica, salud y registro, dejando esta dimensión casi ausente en la respuesta estatal, por lo que el cumplimiento del Art. 30 en el Eje 2 es muy bajo. |
| Art. 31 – Estadísticas y recopilación de datos | Indicadores sobre legislación estadística, producción de datos desagregados por discapacidad, difusión accesible de la información y participación de personas con discapacidad en sistemas de datos. | Red | El diagnóstico del Eje 2 muestra invisibilidad histórica, subregistro en el RUV, falta de caracterización interseccional y ausencia de datos sistemáticos sobre víctimas con discapacidad, especialmente en territorios rurales y étnicos. Aunque se observan avances relativos en el aumento del porcentaje de víctimas con discapacidad registradas, estos no compensan las brechas estructurales de información, por lo que el cumplimiento del Art. 31 resulta críticamente bajo en relación con víctimas del conflicto armado con discapacidad. |
| Art. 33 – Implementación nacional y monitoreo | Indicadores sobre puntos focales, mecanismos de coordinación, marcos independientes de supervisión y participación de organizaciones de personas con discapacidad en el monitoreo de la CDPD. | Red | Las fuentes evidencian la existencia de marcos normativos y de organizaciones sociales activas, pero también la ausencia de un mecanismo nacional independiente de monitoreo de la CDPD plenamente operativo y articulado con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para el caso específico de víctimas con discapacidad. El semáforo del Eje 2 señala un panorama de cumplimiento críticamente bajo en los artículos vinculados con igualdad, justicia, accesibilidad, salud y rehabilitación, lo que incluye debilidades en la coordinación y el monitoreo estatal de estos derechos. |
| Bloque de indicadores (artículo CDPD) | Color | Valoración sintética para Colombia |
|---|---|---|
| Art. 5 – Igualdad y no discriminación | 🟠 Amarillo | El marco normativo prohíbe la discriminación y reconoce la discapacidad como categoría protegida, pero en la práctica persisten desigualdades estructurales en el acceso al voto, la inscripción de candidaturas y la presencia en cargos de representación. Informes sobre procesos electorales muestran barreras generalizadas y ausencia de medidas afirmativas efectivas (MOE, 2023; DNP, 2025). |
| Art. 6 – Mujeres con discapacidad | 🔴 Rojo | Las mujeres con discapacidad se encuentran prácticamente ausentes de las estadísticas oficiales de participación política y de las listas de candidaturas. El borrador de Política Nacional de Discapacidad reconoce que enfrentan brechas agravadas de género y discapacidad sin que existan programas específicos de liderazgo político ni acciones afirmativas claras (DNP, 2025). |
| Art. 7 – Niñas y niños con discapacidad | 🟠 Amarillo | Existen lineamientos que recomiendan su inclusión en mesas de participación de niñas, niños y adolescentes, pero no se dispone de datos sobre su presencia real ni sobre la accesibilidad de estos espacios. La participación política de NNA con discapacidad sigue siendo más una expectativa declarativa que una práctica sistemática verificada. |
| Art. 8 – Toma de conciencia | 🟠 Amarillo | Se han desarrollado campañas, materiales y orientaciones sobre discapacidad y participación ciudadana, incluido su abordaje en planes de desarrollo territoriales. Sin embargo, los informes de observación electoral evidencian la persistencia de estereotipos capacitistas en autoridades y partidos, así como desconocimiento generalizado sobre ajustes razonables en procesos políticos. |
| Art. 9 – Accesibilidad | 🔴 Rojo | Las elecciones recientes muestran graves déficits de accesibilidad: en una proporción importante de puestos no hay tarjetones braille ni cubículos adaptados, y faltan apoyos físicos, comunicativos y digitales básicos. El déficit de tarjetones braille por municipio y la ausencia de formatos comprensibles para personas con discapacidad intelectual o psicosocial constituyen incumplimientos estructurales del estándar de accesibilidad universal (MOE, 2023). |
| Art. 12 – Igual reconocimiento como persona ante la ley (capacidad jurídica en el ámbito político) | 🟠 Amarillo | Aunque la legislación reconoce la capacidad jurídica en igualdad de condiciones, no se cuenta con dispositivos de apoyo suficientes para que personas con discapacidad intelectual o psicosocial ejerzan derechos políticos informados (p. ej. materiales en lectura fácil, apoyo para comprensión de programas y procedimientos). Persisten prácticas que, en la práctica, desalientan o median indebidamente sus decisiones. |
| Art. 21 – Libertad de expresión y acceso a la información | 🔴 Rojo | No existe un sistema consolidado de información electoral accesible. La oferta de contenidos en braille, lectura fácil, lengua de señas y formatos digitales accesibles es fragmentaria y depende de esfuerzos puntuales. Las barreras para acceder a información sobre candidaturas, programas, procedimientos de votación y mecanismos de participación limitan de manera grave la deliberación política autónoma de las personas con discapacidad. |
| Art. 24 – Educación (formación ciudadana y política) | 🟠 Amarillo | Las orientaciones nacionales recomiendan que los entes territoriales incorporen acciones de formación en participación y liderazgo para personas con discapacidad, pero no se ha consolidado un programa nacional estable de educación cívica accesible. La formación política sigue siendo esporádica y sin indicadores de cobertura, lo que restringe el desarrollo de liderazgos sociales y políticos propios. |
| Art. 27 – Trabajo y empleo (acceso a cargos y funciones públicas) | 🟠 Amarillo | Aunque existen normas de igualdad laboral y algunas orientaciones sobre inclusión en el empleo público, los datos disponibles indican una presencia muy baja de personas con discapacidad en cargos de elección popular y en funciones públicas de alto nivel. No se identifican cuotas, incentivos ni mecanismos robustos desde los partidos políticos para promover candidaturas de personas con discapacidad. |
| Art. 29 – Participación en la vida política y pública | 🔴 Rojo | Es el núcleo más crítico del eje. Persisten barreras físicas, comunicativas y actitudinales en los procesos electorales; la inscripción de candidaturas de personas con discapacidad es excepcional; no hay datos oficiales sobre participación electoral de esta población y los ajustes razonables existentes son parciales. Todo ello configura un incumplimiento grave del artículo 29 y de la obligación de garantizar participación plena, efectiva e inclusiva. |
| Art. 31 – Estadísticas y recopilación de datos | 🔴 Rojo | No existe un sistema estatal que genere, de manera regular y desagregada, datos sobre participación política de personas con discapacidad (votantes, candidaturas, cargos, jurados, integrantes de órganos de participación). Los análisis disponibles deben recurrir a estimaciones indirectas, lo que impide orientar políticas basadas en evidencia y monitorear avances reales. |
| Art. 4.3 y 33 – Obligación de consulta y mecanismo nacional de seguimiento | 🟠 Amarillo | Colombia cuenta con el Sistema Nacional de Discapacidad, el Consejo Nacional de Discapacidad y el Mecanismo Independiente de Seguimiento a la CDPD. Sin embargo, el CND presenta funcionamiento irregular y baja transparencia, y la articulación con el Sistema Nacional de Participación Ciudadana y con los comités territoriales sigue siendo limitada. La creación y puesta en marcha del MIS-CDPD es una potencia clara, pero aún no se garantiza que la consulta a las organizaciones sea sistemática, incidente y con accesibilidad plena. |
| Bloque de indicadores por artículo CDPD | Indicadores ONU incluidos | Color | Valoración sintética para Colombia |
|---|---|---|---|
| Artículo 9 – Accesibilidad | Existencia de normas y lineamientos específicos. Medidas para garantizar accesibilidad en infraestructura turística. Disponibilidad de servicios turísticos accesibles. Señalización accesible y apoyos sensoriales. Mantenimiento y monitoreo de infraestructura accesible. | 🟠 Cumplimiento parcial | Existen normas (Acuerdos 921 y 894; Resolución 31) y herramientas técnicas (cartillas del IDT) que representan avances; sin embargo, la verificación directa evidencia brechas graves: falta de inventarios públicos, ausencia de señalización inclusiva en entornos como Playa No. 5, infraestructura incompleta, espacios reducidos y ausencia de dispositivos táctiles o apoyos para personas ciegas. La accesibilidad avanza, pero no garantiza autonomía ni seguridad para todas las personas. |
| Artículo 20 – Movilidad personal | Disponibilidad de apoyos para el desplazamiento seguro en entornos turísticos. Equipos y ayudas técnicas suficientes (p. ej., sillas anfibias). Personal formado para apoyar desplazamientos. | 🟠 Cumplimiento parcial | La presencia de sillas anfibias en Playa No. 5 y experiencias puntuales de movilidad accesible constituyen un avance; sin embargo, el MIS-CDPD verificó que solo hay dos sillas anfibias operativas, insuficientes para la demanda, y que el personal carece de formación en apoyos para personas sordas, ciegas o con discapacidad múltiple. La movilidad es parcialmente apoyada, pero no está garantizada ni estandarizada. |
| Artículo 21 – Libertad de expresión y acceso a la información | Información turística en formatos accesibles. Protocolos de comunicación accesible para prestadores. Disponibilidad de información digital accesible para turismo. | 🔴 Bajo cumplimiento | Aunque existe la Guía de comunicación incluyente del IDT, no es de adopción obligatoria y su aplicación es limitada. No hay un sistema de información turística accesible, ni guías en braille o lectura fácil, y la observación directa muestra ausencia total de señalización sensorial accesible. La información continúa siendo una barrera estructural. |
| Artículo 30 – Participación en la vida cultural, recreación y turismo | Acceso sin discriminación a actividades turísticas. Servicios adaptados en entornos culturales y recreativos. Accesibilidad en playas, museos, parques y atractivos turísticos. Formación del personal para atención inclusiva. | 🟠 Cumplimiento parcial | El territorio cuenta con experiencias verificables de accesibilidad (certificaciones Tur4all, rutas multisensoriales, adecuaciones en playa), pero su alcance es limitado. En Playa No. 5 se observaron barreras sensoriales, falta de entrenamiento del personal y accesibilidad incompleta. Persisten brechas significativas en museos, transporte turístico y espacios naturales. |
| Transversal — Gobernanza del turismo accesible (Art. 4, 9 y 33) | Funcionamiento de instancias de coordinación. Participación de OPD en decisiones. Mecanismos de seguimiento y evaluación. | 🔴 Bajo cumplimiento | La Mesa Distrital de Accesibilidad no cuenta con evidencia pública de funcionamiento, actas, cronogramas ni productos. No existe un sistema de seguimiento ni indicadores de accesibilidad turística. La participación de OPD es débil y no incidente. El cumplimiento institucional es mínimo. |
| Bloque de indicadores (Art. 12 y 19 CDPD) | Indicadores ONU incluidos | Color | Valoración sintética para Colombia |
|---|---|---|---|
| Reconocimiento y ejercicio de la capacidad jurídica (Art. 12) | Existencia de normativa que reconozca capacidad jurídica plena. Eliminación de figuras de sustitución de la voluntad. Disponibilidad de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas. Implementación institucional del modelo de apoyos. | 🟧 Medio-bajo | Aunque la Ley 1996 reconoce la capacidad jurídica plena, persisten prácticas sustitutorias en justicia, salud y notariado. La Guía de Acuerdos de Apoyo evidencia bajo uso y desconocimiento institucional (PAIIS & GAPI, s. f.). |
| Sistema nacional de apoyos para la vida en comunidad (Art. 19 b) | Existencia de apoyos personalizados y asistencia personal. Servicios de apoyo en AVD y acompañamientos comunitarios. Disponibilidad de servicios de respiro y apoyos intermitentes. Financiamiento público sostenible. | 🔴 Bajo | No existe un sistema nacional de apoyos. Las herramientas de MinJusticia explican valoraciones, pero no disponibilidad de servicios (MinJusticia, s. f.). No hay financiamiento definido ni mecanismos de asignación. |
| Prevención de la institucionalización (Art. 19 a) | Alternativas comunitarias disponibles. Atención domiciliaria y apoyos comunitarios. Límites a internamientos por pobreza, abandono o violencia. Protocolos contra internamientos no consensuados. | 🔴 Bajo | La institucionalización persiste como respuesta ante ausencia de apoyos. ICBF reconoce que muchos ingresos se deben a “vulnerabilidad social” y que la institucionalización no es protección (ICBF, 2025, p. 10, 15). |
| Existencia de rutas de desinstitucionalización (Art. 19) | Rutas de egreso. Servicios de transición a la comunidad. Coordinación intersectorial para retorno a comunidad. Seguimiento post-egreso. | 🔴 Crítico | No existen rutas nacionales de desinstitucionalización para adultos con discapacidad. ICBF regula solo NNA y no asume vida independiente adulta (ICBF, 2025, p. 11). |
| Alternativas familiares y comunitarias al cuidado institucional (Art. 19) | Familias de acogida para adultos. Viviendas con apoyos. Redes comunitarias. Servicios de apoyo para vivir solo o en grupo. | 🔴 Crítico | Las modalidades de familias sustitutas solo aplican a NNA. No existen opciones comunitarias para adultos con discapacidad (ICBF, s. f.). |
| Autonomía y decisiones con apoyo (Art. 12) | Registro de acuerdos de apoyo. Directivas anticipadas utilizadas. Formación de operadores en Ley 1996. Participación de personas con discapacidad en decisiones de vida. | 🟧 Medio-bajo | Existen guías y herramientas, pero baja implementación. Operadores siguen aplicando figuras abolidas (PAIIS & GAPI, s. f.). |
| Monitoreo independiente y supervisión de instituciones (Art. 16, 19) | Mecanismos de inspección independientes. Supervisión regular de instituciones. Registro nacional de instituciones y residentes. Sistemas de quejas accesibles. | 🔴 Crítico | No existe supervisión independiente de instituciones. No hay registro nacional de personas con discapacidad institucionalizadas. Ninguna entidad asume el monitoreo. |
| Sistema de datos y estadística desagregada (Art. 31) | Registro nacional de personas institucionalizadas. Datos por tipo de discapacidad, edad y tiempo de permanencia. Indicadores de vida independiente. | 🔴 Crítico | El ICBF reporta datos parciales sin desagregación por discapacidad (ICBF, 2025, p. 9–10). No existe un sistema unificado ni indicadores nacionales. |
| Coordinación intersectorial para vida independiente (Art. 4, 19) | Comité nacional o ruta sectorial. Integración de salud, justicia, vivienda, cuidado, protección, educación. Responsabilidad institucional clara. | 🔴 Crítico | No existe un ente rector para vida independiente en adultos. ICBF reconoce fragmentación institucional (ICBF, 2025, p. 11). |
| Participación de personas con discapacidad en diseño de políticas (Art. 4, 29) | Consultas accesibles. Participación efectiva en vida independiente. Organizaciones representativas involucradas. | 🟧 Medio-bajo | Existen mecanismos de participación general, pero no específicos para políticas de vida independiente. No hay evidencia de procesos consultivos. |